El Plan Mérida, terrorismo de Estado

Luis Villanueva Rodríguez es maestro normalista rural Terrorismo de Estado en México con el apoyo económico de los contribuyentes estadounidenses. Desaparición de garantías individuales, represión de la protesta pacífica, encarcelamiento arbitrario, cientos de prisioneros políticos, cientos de miles de muertos, incluyendo niños, mujeres, ancianos: esa es la secuela que ha dejado este tratado entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. El Plan Mérida es un instrumento que usa el gobierno de México para intimidar a la población y reprimir la protesta social. Pero más allá de esos dos objetivos específicos, existe otro de mayor alcance: implementar las prácticas neoliberales en todos los ámbitos de la vida económica, política y social. Y aunque los gobiernos de México y Estados Unidos (EE. UU), tratan insistentemente de convencernos que este plan es un proyecto benéfico para ambas sociedades, los hechos los desmienten. Es un proyecto que en cada uno de sus objetivos, hace exactamente lo opuesto de lo que estipula por escrito. Creado supuestamente para combatir principalmente el narcotráfico, el plan consiste de cuatro objetivos: 1. Afectar la capacidad operativa del crimen organizado 2. Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de Derecho 3. Crear la estructura fronteriza del siglo XXI 4. Construir comunidades fuertes y resistentes El Plan Mérida fue puesto en marcha por los gobiernos de Felipe Calderón y George Bush y, a pesar de su claro fracaso, sigue siendo implementado por el actual gobierno de México. A continuación, se analiza lo que en realidad ha significado cada uno de los cuatro puntos.

1. Afectar la capacidad operativa del crimen organizado. Dentro de la dinámica de un narco-estado, los cambios de liderazgo en las cúpulas de las organizaciones criminales son la norma, no la excepción. Existe una pugna constante por el poder y al caer un líder, se crea un vacío de poder que es llenado por otro. Cuando se destruyen los mandos del narcotráfico pero sin atacarse las causas verdaderas del problema, sólo se provoca un reacomodo de fuerzas y vuelven a surgir nuevos jefes o inclusive nuevas organizaciones. Y en los últimos años hemos visto la caída de jefes del narcotráfico pero la producción y contrabando de droga hacia Estados Unidos sigue igual, no cambia. Peor aún, se informa de la detención o muerte de los narcotraficantes pero no se sabe de la incautación de las propiedades amasadas. Y si no existe la incautación de bienes, acción que realmente debilitaría a los cárteles, es porque no hay mecanismos legales o porque las mismas autoridades están coludidas. Una de las cláusulas de la Iniciativa Mérida, como también es conocido este acuerdo, incluye el entrenamiento de policías y elementos de las fuerzas armadas en instituciones militares de EE. UU. Esta medida contribuye al incremento de la violencia y mejora la capacidad de las organizaciones criminales porque tarde o temprano individuos y comandos completos se pasan al servicio de las bandas criminales. Un hecho bien documentado: se tiene registrada la deserción de más de 500 elementos de estos equipos de élite. Y uno de los cárteles criminales más sanguinarios, está compuesto por desertores de estas unidades. Los contribuyentes estadounidenses, con sus propios impuestos, pagan el entrenamiento de individuos, que ya de regreso en México, violan mujeres, matan inocentes, incluyendo niños y ancianos y desaparecen a jóvenes. Y mientras tanto el flujo de droga a EE.UU. se mantiene igual, para el beneplácito de sus consumidores, demostrando de paso, la inutilidad del plan, cuyo supuesto propósito principal era impedir que la droga cruzara la frontera hacia EE. UU. 2. Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de Derecho. El Estado de Derecho existe sólo donde hay democracia. Las masacres, la violación diaria de derechos ciudadanos, la desaparición forzosa de ciudadanos por las propias fuerzas del Estado, la incapacidad, en unos casos, o la negativa en otros, para responder a las demandas ciudadanas, son la realidad del Plan Mérida y como tal, sólo ha contribuido a debilitar el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho también deben existir las leyes por encima del arbitrio de los individuos. ¿Dónde están las leyes que deben castigar los casos de corrupción que involucran al gobierno, desde el presidente hasta los miembros de todos los partidos políticos? El grado de corrupción es tan extenso y profundo que el gobierno es incapaz de terminarlo principalmente porque la línea que separa al gobierno de las organizaciones criminales ya no existe, o es difícil de identificar. Se puede decir que la corrupción se ha legalizado. Y ésta se mantiene porque la impunidad es también rampante. El Estado de Derecho ha sido tan violentado y debilitado que la vida normal ha sido gravemente impactada. 3. Crear la estructura fronteriza del siglo XXI. Si por estructura fronteriza se entiende poner los gobiernos de México y América Central al servicio de la política migratoria de EE. UU., sí ha cumplido su objetivo. Los hermanas y hermanos que vienen de América Central enfrentan la violación de sus derechos más elementales tanto por el gobierno mexicano así como por las bandas criminales que por lo general, trabajan coordinadamente. Con este plan, y contrario a la tradición hospitalaria y solidaria del pueblo mexicano, los servicios de migración mexicanos agregan una vergüenza más: su servilismo al gobierno de EE. UU. Básicamente, la migra mexicana es ahora el brazo ejecutor de la política migratoria de EE. UU. en México pero no en la frontera con el país del norte sino en la frontera con Guatemala. Desde hace meses, México deporta más centroamericanos que el mismo gobierno estadounidense. Este nivel de deterioro de la soberanía nacional se inició con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en los ochentas. En su más clara función, el TLC, se creó para eliminar trabas al comercio de los monopolios trasnacionales y en flagrante violación de la soberanía de México. 4. Construir comunidades fuertes y resistentes. Este objetivo únicamente ha dejado una secuela de destrucción y abandono. En Guerrero y Sinaloa, dos de los estados que deberían reflejar la efectividad del Plan Mérida, es donde existe el mayor desplazamiento de comunidades enteras a causa del narcotráfico. En el año 2014, en Sinaloa hubo 40 comunidades desplazadas y en Guerrero, sólo en 5 municipios se hablaba en el mismo año, de 25 pueblos obligados a abandonar sus hogares. Es de sobra sabido que en áreas donde existen negocios estratégicos tanto legales como ilegales, el narco-estado, se ha ensañado con la población civil. La región donde está la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es el ejemplo perfecto: ahí existen algunas de las minas más productivas de oro y plata de México y también es la principal área productora de amapola y de goma de opio en el país. Cuando los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos empezaron a buscarlos por su cuenta, encontraron una infinidad de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala y otros municipios. Ahí tenemos la muestra de las “comunidades fuertes y resistentes” que ha creado La Iniciativa Mérida y todo esto sucede a pesar de que esta área está rodeada de bases militares del ejército, como ninguna otra región en el país. Con la evidencia mostrada en los cuatro puntos anteriores queda claro que El Plan Mérida no tiene como objetivo combatir el narcotráfico. La pregunta obvia, derivada del cuestionamiento anterior es: ¿Para qué se implementó este proyecto? Aunque no es fácil, a continuación se ofrecen varias respuestas. El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su lucha por crear un “mundo de la izquierda y desde abajo”, entorpeció el gran proyecto del capitalismo mundial que consiste en eliminar la soberanía de las naciones y ponerlas bajo la autoridad de las trasnacionales para de esa manera apoderarse de sus recursos naturales por medio de la explotación de los recursos humanos de las naciones mismas. A México le correspondió ser parte de ese modelo de sumisión con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en 1992 y que entró en vigor el mismo año y el mismo mes del levantamiento zapatista, enero de 1994. El gobierno de EE. UU. y la oligarquía mexicana vieron con preocupación el atisbo de esperanza que el zapatismo había ofrecido al pueblo mexicano. Las fuerzas políticas de izquierda recibieron una alentadora infusión de energía. El pueblo, por su parte, de repente se encontró con la alternativa creada por los y las zapatistas de finalmente concretar las metas de la Revolución Mexicana. Había que poner un alto a este entusiasmo y para ello se inventa la guerra contra las drogas, modelo que ya había dado resultado en EE. UU. durante los setentas y creado para contener el descontento social generado después de la Guerra de Vietnam. El gobierno de EE. UU., con la complicidad de su contraparte mexicana, crea este plan. Y para materializar el control sobre el pueblo, igual que en EE. UU. después del ataque a Las Torres Gemelas, entra al quite la industria militar. Había que agregar el elemento armamentista al proyecto porque como lo manejan los gobiernos mexicano y estadounidense, esta es una guerra. Y con este pretexto se impulsa fuertemente la militarización del país. El poder militar en México lo demuestran varios hechos que se han pasado por alto. El primero, es que México pasó del lugar 25 al 5 en importación de armas en el mundo, en sólo cuestión de años y todo esto sucede en tiempos de paz. El segundo: durante las investigaciones sobre la desaparición de los 43, se supo desde un principio que personal del 27 Batallón de Infantería estuvo involucrado en este crimen de lesa humanidad. A pesar de la presión tanto nacional como internacional para que se conociera el grado de participación militar, no se hizo. Y fue el Secretario de la Defensa Nacional, no el Presidente de la República, quien negó que se entrevistara a los militares durante la investigación sobre la desaparición de los aspirantes a maestros rurales. Y la más clara evidencia del poder otorgado a los militares es que continúan cumpliendo funciones policíacas en las calles y en el campo, a pesar de que se ha comprobado su ineficiencia. La violación de derechos de la ciudadanía cumple la función de intimidar al pueblo y a sus líderes. Pero cuando infundir miedo no es suficiente, se recurre a la ejecución sumaria. Las muertes sumarias son la norma con las fuerzas armadas en su supuesta lucha contra el crimen. Parece haber un tácito acuerdo de no tomar prisioneros, lo cual explica el asesinato de grupos enteros por las fuerzas policíacas y militares. A pesar que se ha demostrado la comisión de estos crímenes, nada se ha hecho para castigar a los culpables: existe total impunidad. Y considerando que el descontento social ha llegado a niveles que ya no podía enfrentar en la forma que lo ha hecho antes, el Estado tiene que intensificar su ataques contra la sociedad al mismo tiempo que trata de mantener la apariencia de una sociedad moderna y con pleno goce de libertades para sus ciudadanos. De ahí surge este plan, esta “guerra contra el narcotráfico”. Y a esta realidad se le llama Plan Mérida, el cual se creó para contener el descontento social y una vez silenciado el pueblo, darle cauce al saqueo del países como nunca antes había sucedido. El Plan Mérida se pactó para llevar el terrorismo de Estado a un nivel superior y así lograr los siguientes objetivos: 1. Crear el efecto sicológico para distraer al pueblo. El fenómeno más dominante del Plan Mérida es haber contribuido a reforzar la Doctrina del Shock, como lo explica Naomi Klein en su libros titulado The Shock Doctrine. La entrada masiva de armas y el estado de terror y destrucción causados por la presencia de las fuerzas armadas cumpliendo funciones policíacas, son la mejor evidencia para demostrar que el objetivo del Estado es mantener aterrorizada a la población. El clima de inseguridad es claramente palpable en estados como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, por mencionar algunos. El resto del país no escapa y también vive el mismo fenómeno de zozobra y temor. Y este clima de terror, se incrementa exponencialmente por la ausencia de justicia. Comprender el clima de violencia y muerte creados con el Plan Mérida requiere entender la relevancia que las armas desempeñan en este proyecto. En sólo un año, el gobierno de EPN compró del Departamento de Defensa de Estados Unidos equipo militar por un valor de 1 300 000 000 de dólares, decisión que sólo se justificaría si México viviera un estado de guerra, que visto desde una óptica diferente es así, pero el enemigo del Estado mexicano no es un ejército invasor, es el pueblo mismo. 2. Utilizar el proceso político para legalizar la entrega del país. A principios de este sexenio se aprobó el Plan México, un arreglo de la clase política para legalizar la entrega del país a las grandes corporaciones tanto nacionales como internacionales. Fue entonces que se aprobaron las diferentes leyes que legalizan la entrega de las propiedades del pueblo. Entre éstas destacan las reformas energética y educativa. Y los hechos ahí están para probarlo. El caso más emblemático es Pemex. Antes de ser entregado a las mismas trasnacionales de quienes fue expropiado hace 78 años, el petróleo era el símbolo de la independencia económica de México. Pero eso se acabó. En el plano de la educación, tenemos la mal llamada Reforma Educativa. El motivo verdadero de esta legislación es despojar al magisterio de sus derechos laborales, y con el tiempo, pero una vez destruido el poder sindical de maestros y maestras, convertir la educación pública en un negocio particular, tal y como se ha estado impulsando en Estados Unidos desde hace tiempo. El sometimiento legal de México ante las corporaciones internacionales empieza con el Tratado de Libre Comercio (TLC) y ahora se da la capitulación total ante las trasnacionales con la entrada en marcha del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Y para que suceda el sometimiento de los trabajadores mexicanos ante las corporaciones trasnacionales, primero se crean las leyes a su modo, después se somete al trabajador. Y en este contexto, es como debemos entender la lucha de la CNTE. El gobierno tiene en la mira la destrucción de este sindicato. Y por la misma razón, la CNTE sólo va a lograr derogar la ley, si incrementa la presión y si se siguen sumando más apoyo a la lucha. Así de importante es el momento actual que vive la CNTE. Una vez que se sumó el pueblo a la lucha, ya unidos los esfuerzos, pusieron al gobierno a la defensiva. Ahora, para forzar al Estado a negociar, se debe incrementar la presión hasta que la demanda principal, la derogación de la ley, esté a consideración. Es ahora o nunca para la CNTE. Y sobre el mismo tema de la Reforma Educativa, merecen atención especial las escuelas normales rurales. La desaparición forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, perpetrada la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del 27, se debe comprender dentro del mismo marco en que analiza la resistencia de la CNTE. El Estado mexicano, fiel al papel de servidor del gran capital, ya no quiere maestros y maestras que vayan a las comunidades a combatir cacicazgos, injusticias y pobreza. La propuesta de la Secretaría de Educación Pública está orientada a formar educadores que se aparten de la formación de ciudadanos críticos. Ahora sólo quiere que la enseñanza se limite a crear individuos que sirvan para incorporarse al mecanismo neoliberal capitalista ya existente. Esa es la filosofía educativa que se trata de imponer y que choca con la que ha normado la formación de hombres y mujeres críticas en las escuelas normales rurales. Y por esa razón el asesinato de seis y la desaparición de otros 43 normalistas, así como la negativa a investigar este crimen de Estado, cumple una función específica: intimidar a las comunidades que tradicionalmente mandan a sus hijos e hijas a estas escuelas. Ya no quieren que los campesinos pobres se eduquen en estas escuelas. Se trata de cercenar este proyecto emanado de la Revolución Mexicana de 1910 – 1917 y que tenía como objetivo central compensar al campesinado mexicano por los sacrificios que hizo en esta guerra, a principios del siglo pasado. 3. Destruir el tejido social y mantener el control sobre la población. La supuesta guerra contra el crimen organizado y en particular contra las drogas, se ha convertido en realidad, en un ataque frontal contra el pueblo mexicano. Las cifras son aterradoras: 150 000 muertos, 36 000 desaparecidos, cientos de presos y, en general, un clima de inseguridad total que sólo puede existir en tiempos de guerra o bajo un Estado terrorista. En este genocidio cuentagotas, las víctimas principales han sido la juventud. La inmensa mayoría de víctimas de la guerra contra las drogas es la juventud, hombres y mujeres en la mejor etapa de su vida. Y todo esto es posible porque se combate un problema por sus efectos, no por sus causas. En lugar de un Estado protector que cree oportunidades para sus ciudadanos, se ha convertido en un Estado criminal que empuja a la juventud al crimen y después a la muerte. Y con el pretexto de la guerra contra las drogas, se ha incrementado la calidad y cantidad del armamento militar en cantidades exorbitantes y que no se justifican a menos que el país esté en guerra. El armamento se ha estado usando para lo que verdaderamente se compró: reprimir la protesta social y hasta matar cuando lo consideren necesario. El ataque a la población de Nochixtlán es sólo el último ejemplo. Las armas que mataron a 11 personas e hirieron a otros cientos, los helicópteros desde los que se lanzaron gases a la población, los aviones militares que se usaron para el transporte de personal y equipo militar, todo ese material son las flamantes compras que se han hecho bajo los auspicios del Plan Mérida. La supresión de los derechos civiles y el asesinato de ciudadanos inocentes son cortesía de pueblo estadounidense, ese es el Plan Mérida. 4. Saquear al país. Una vez creada la legislación para entregar el país a corporaciones nacionales e internacionales, se empezó a generar el beneficio económico. Los recursos naturales se están subastando al mejor postor. Y eso explica la construcción de proyectos mineros acompañado de concesión de grandes extensiones de tierra a las compañías mineras, madereras, automovilísticas, etc. En el campo, se destruyen manglares, se talan bosques indiscriminadamente, se arrasan lugares sagrados, se despoja a las comunidades de sus tierras para concesionarlas a compañías mineras y la agricultura misma, gracias al TLC, ha pasado a poder de las grandes corporaciones agrícolas. El común denominador en todo este despojo, que generalmente se da en contra de comunidades originarias, son la contaminación ambiental y el exterminio de los mantos acuíferos y no únicamente por la fracturación hidráulica (fracking, en inglés), que calladamente ha empezado en los estados del norte, principalmente. También las agroindustrias y la minería explotan indebidamente la reserva de agua ya que utilizan enormes cantidades del vital líquido a expensas de las comunidades a su alrededor. En otro nivel, tenemos la entrega de Pemex al capital privado, la desaparición de pensiones de trabajadores y jubilados, la contratación laboral sin derechos sindicales, etc. El Estado como entidad protectora de los ciudadanos, ya no existe. Ahora se ha convertido en un Estado que tiene una función central, de la que deriva todas las demás: manejar el país para beneficio de las trasnacionales y por encima de los intereses de los ciudadanos. La función de partidos políticos es primordial: dan la impresión de ser diferentes y con esas supuestas diferencias se presentan ante el pueblo y se alternan en la administración del país pero para servicio del gran capital. En el marco de la imposición de las políticas neoliberales, hay que encuadrar la lucha de la CNTE por derogar la mal llamada Reforma Educativa. La reforma va más allá de un simple despojo de derechos laborales, que es realmente a lo que se reduce esta ley. La lucha magisterial también consiste en impedir que la educación de niños y niñas, los futuros ciudadanos, se privatice. Y esta lucha encierra todavía un alcances mayor: está a punto de detener toda la ola neoliberal que se ha traído a México. Es ahí donde el Estado entreguista ve la peligrosidad de la CNTE. Si no se somete a maestros y maestras, se tendrá que derogar la ley. Los maestros y las maestras de la CNTE, ahora ya con el apoyo popular, tienen ante sí la oportunidad única de parar en seco todo el Plan Mérida. Con ello no sólo se salvarían ellos y ellas al mantener sus derechos laborales y de mayor alcance aún sería el beneficio para el país: garantizar la educación pública y gratuita para las futuras generaciones. Y todavía hay una meta más que la CNTE y el pueblo, ahora juntos, pueden alcanzar: mostrarnos el camino para que nosotros y nosotras tomemos las riendas del país y que en un futuro cercano, podamos crear la sociedad por la que luchamos y que tanto anhelamos, “un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos”.