La “Guerra contra las drogas”: Un instrumento de represión social y racismo
La llamada Guerra contra las drogas que dio inicio bajo el gobierno del presidente estadounidense Richard Nixon, es una iniciativa política que, a pesar de encauzar numerosos desastres sociales y cientos de miles de muertes, continúa siendo impuesta al pueblo latinoamericano y estadounidense a base de militarizaciones y contragolpes que incrementan aún más la violencia e inestabilidad social. Al mismo tiempo, la consigna de la guerra contra las drogas ha sido efectiva para ocultar los usos alternos que los mismos gobiernos han desplegado para mantener su hegemonía política frente a la libertad de expresión, así como para servir los proyectos racistas de encarcelamiento contra la comunidad afroamericana. Es decir, la metáfora de la “guerra” como retórica del Estado para combatir el narcotráfico funciona como un gesto de ofensiva violenta que trae consigo la capacidad del Estado para criminalizar y detener a aquellos sujetos que históricamente han sido considerados como una amenaza para la nación; tal como lo son los activistas de izquierda, los luchadores sociales y las minorías afroamericanas y latinas.
Los desastres de la “Guerra contra las drogas”
Por un lado, se conoce que existe una relación muy fuerte entre la violencia de México y las olas de militarización y venta de armas que son enviadas desde Estados Unidos. Dicho esto, desde que el ex-presidente mexicano Felipe Calderón dio inicio a la Guerra contra las drogas en el 2006, un par de tratados bilaterales entre Estados Unidos y México que tienen como objetivo la militarización y financiamiento de fuerzas armadas mexicanas para combatir el narcotráfico surgieron y continúan vigente. Tales tratados incluyen el Plan Mérida, que fue implementado en el 2007 bajo Felipe Calderón, y su extensión, el Plan Mérida and Beyond, que fue anunciado en el 2014 bajo la presidencia del actual presidente, Enrique Peña Nieto. En total, ambos tratados han inyectado en México alrededor de $2.3 billones de dólares bajo proyectos antidrogas que dependen primordialmente del uso de la violencia y el uso de equipo militar.
Como presunta consecuencia de todo esto, la violencia y la impunidad en México se han elevado como nunca antes. Se estima que en la última década, alrededor de 150.000 casos de homicidio y 25,000 casos de desapariciones forzadas tuvieron lugar en territorio mexicano– donde una gran porción continúa impune hasta la fecha y sin la justicia que se merece. Sin embargo, las cifras y magnitudes de estas violaciones sobre los derechos humanos no constituyen factores suficientes para aplacar el cinismo del Estado mexicano ante las fallas de su propio gobierno. Hoy en día la importación de armas y equipo militar entre el gobierno de Obama y el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo se ha mantenido en altos niveles sin precedentes, sino que incluso ha aumentado por más de un 300%, en comparación con el periodo entre el 2006 y el 2010.
Así pues, la dependencia militar y económica que se ha establecido entre los dos países para reforzar proyectos antidrogas ya iniciados, ha posicionado a la nación mexicana como otra colonia más de los Estados Unidos. Más concreto, al iniciar proyectos bilaterales que conllevan al militarismo y la violencia, México no sólo se ha posicionado como un país dependiente al financiamiento extranjero para el acarreamiento efectivo de sus políticas antidrogas, sino que también ofreció su territorio nacional como una zona de purga violenta y destrucción social que afecta todas sus esferas sociales, así como su sistema político y judicial. Tomando todo esto en consideración, podría decirse que la guerra contra las drogas no es más que una política que ha promovido, y continúa haciendo, la violencia en México, la impunidad, la distribución de armas hacia el crimen organizado, el fortalecimiento consecuente de los narco-carteles, la corrupción, así como la migración de miles de habitantes que huyen de la violencia e inestabilidad social que germinan bajo estas condiciones.
Una militarización del Estado en contra de los movimientos sociales
Sin embargo, la guerra contra las drogas también ha sido un instrumento crucial para el Estado mexicano, especialmente para su preservación hegemónica sobre el pueblo inconforme. La militarización y el financiamiento de las fuerzas del gobierno no sólo implican una mayor ofensiva en contra de grupos narcotraficantes y delincuentes, sino que su aplicación también se infiltra en la mayor ofensiva que el gobierno mexicano ha dado en contra de movimientos sociales que luchan por los derechos del pueblo. En otras palabras, la militarización de las fuerzas d
el Estado se ha vuelto un factor que facilita el autoritarismo en México a base de la represión policiaca. El desplegamiento de agentes granaderos con armamento pesado, así como los numerosos levantones a activistas por parte de autoridades mexicanas, son sólo algunos de los métodos de censura por el cual el gobierno represor de Enrique Peña Nieto ha demostrado su intolerancia a la libertad de expresión. Aún más, el uso de tanques, uniformes militarizados y armas de alto calibre en las reprimendas de protestas sociales como el que acarrea el equipo de rompehuelgas, o granaderos, no son sólo medidas excesivas para el manejo positivo de manifestaciones del pueblo, sino que también representan símbolos del autoritarismo y la violencia que el Estado está dispuesto a desatar contra disidentes que desafían su poder.
Así se ha visto en las protestas masivas y los movimientos sociales que han sobresaltado –incluso hecho temblar–al gobierno mexicano. Así fue el caso en Oaxaca, con la represión del magisterio que continúa luchando contra la reforma educativa y que hasta ahora ha reclamado la muerte de 9 maestros; así se vio en San Quintín, con las palizas y las detenciones injustificadas que las autoridades del Estado ejercieron sobre jornaleros que luchaban por sueldos decentes; y, quizás el más agraviante, así se vio con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que luchaban por su derecho a la autonomía y la educación popular, y cuyas desapariciones hasta ahora continúan impunes. Por supuesto, la lista es larga y no termina ahí, También está la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya; las desapariciones forzadas y los numerosos asesinatos de activistas; la muerte y censura de cientos de periodistas; el despojo de comunidades indígenas que luchan por la preservación de la tierra y el agua en Colima, entre muchos otros.
La criminalización y encarcelación del pueblo negro
Por otro lado, la Guerra contra las drogas en los Estados Unidos se ha utilizado históricamente como un instrumento para institucionalizar el racismo en el sistema judicial estadounidense. Según el libro publicado por Michelle Alexander, The New Jim Crow, el gobierno del superpoder, empezando por Reagan, ha utilizado la guerra contra las drogas como un método para criminalizar y encarcelar la comunidad afroamericana desde los años ochenta, especialmente a activistas políticos que pertenecían a movimientos subversivos tales como los Black Panthers y Black Power.
Como consecuencia de todo esto, actualmente, Estados Unidos mantiene una población de 2.3 millones de personas en su sistema de prisión, lo cual corresponde a un 25% de la población mundial que se encuentra encarcelada. Esto es a pesar de que el país sólo posee el 5% de la población mundial, lo cual indica una cantidad extravagante en proporción con el número de habitantes que viven en el país. Quizás lo más indignante de estas cifras es su naturaleza racializada en contra de la comunidad afroamericana. Según la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), casi la mitad de la población total que está en prisiones estadounidenses pertenece a la comunidad afroamericana, a pesar de que ésta sólo constituye el 13% de la población total del país. Finalmente, según las estadísticas, un joven afroamericana es diez veces más propenso a ser encarcelado por ofensas relacionadas al consumo de drogas que un joven blanco, a pesar de que se ha registrado que la comunidad blanca consume narcóticos cinco veces más que la comunidad afroamericana. Dicho todo esto, la guerra contra las drogas, y por tanto, la criminalización de los barrios negros, se ha transformado un modelo contemporáneo de esclavitud donde cientos de miles de cuerpos afroamericanos son desproporcionadamente encarcelados y sometidos al trabajo forzado en sistemas de prisión que muchas veces pertenecen a manos privadas. Por tanto, más que una política que meramente busca traer seguridad y bienestar al país, la criminalización de las drogas se ha sublimado en un instrumento de dominación racista del Estado que busca la segregación y la explotación forzada en comunidades afroamericanas bajo la legalidad del sistema judicial.
La Guerra contra las drogas es una guerra fallida, y las cifras que no cesan de subir demuestran la necesidad de dar fin a los procesos d
e militarización y criminalización selectiva que no sólo aumentan la violencia y permiten la represión en países latinoamericanos, sino que también le da cabida al racismo para continuar su opresión contra el pueblo negro. Por esto y más, es crucial que la comunidad activista mexicana, los inmigrantes latinos, la comunidad afroamericana, así como todos los luchadores sociales y sindicales, nos unamos bajo una misma lucha para combatir la guerra contra la guerra contra las drogas y las repercusiones violentas y racistas que perpetúan en nuestros pueblos.
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, LA MILITARIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO NEGRO!
¡AHORA MAS QUE NUNCA ES NECESARIA NUESTRA UNIÓN EN LA LUCHA!
https://www.theguardian.com/us-news/2015/apr/28/bill-clinton-calls-for-end-mass-incarceration
